COLOMBIA – REPORTE DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL

COLOMBIA – REPORTE DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
10 de diciembre, 2008 / Ginebra, Suiza
Marina Bernal / Mulabi, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos - Colombia

Resumen: El 10 de diciembre en Ginebra, Suiza, se llevó a cabo la revisión de la situación de derechos humanos de Colombia en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El estado colombiano reportó un marcado mejoramiento en el Estado de legalidad vigente en el país. Después de esta presentación, durante 3 horas, 43 países intervinieron en el diálogo interactivo para hacer señalamientos, recomendaciones y preguntas sobre las denuncias por numerosas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza pública, la práctica de desaparición forzada, la situación de extrema vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, de los periodistas y sindicalistas de niñas y niños reclutados en las fuerzas armadas tanto legales como ilegales. Se manifestaron preocupados por la situación de marginación que enfrentan las personas indígenas en el país, así como los grupos afro descendientes, haciendo un llamado a garantizar su seguridad, integridad y el respeto a sus tierras y costumbres. Respecto a cuestiones de género, mujeres y sexualidad, de 43 países que se manifestaron, casi la mitad expresó su preocupación por la situación de mujeres y niñas, en particular aquellas enfrentadas en el marco del conflicto o como resultado del desplazamiento forzado, haciendo comentarios y en su mayoría recomendaciones sustantivas. También hubo un llamado a la protección de personas con identidad sexuales y de género minoritarias instándoles a mantener el principio de igualdad con respecto orientación sexual e identidad de género y recomendando la implementación de campañas para promover una cultura de no discriminación.

El 10 de diciembre en Ginebra, Suiza, se llevó a cabo la revisión de la situación de derechos humanos de Colombia en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). El estado colombiano representado por una delegación encabezada por Francisco Santos Calderón resaltó en su presentación frente a los países, la apertura mostrada por su gobierno y su disposición a someterse a un examen general de derechos humanos de manera voluntaria. Manifestó además que, tomando en cuenta la situación de conflicto vigente en el país, el Estado colombiano ha demostrado apertura para la participación e ingreso de instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y de ONG´s de derechos humanos internacionales. Reportó un marcado mejoramiento en el Estado de legalidad vigente en el país, la disminución de grupos paramilitares, y desde su punto de vista, un avance sustantivo en el establecimiento de un estado de derecho. Reportó avances legislativos relativos a la justicia penal militar, derechos de las víctimas, trata de personas y leyes en relación a la violencia contra la mujer (violencia intrafamiliar y abuso sexual). También informó del fortalecimiento del sistema de impartición de justicia a través de la creación de nuevos cargos en la Fiscalía de la Nación, y la adopción de la política de la lucha contra la impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos.

Mencionó prácticamente todos los aspectos ya esperados. Al referirse al desplazamiento forzado producto del conflicto no hizo ninguna referencia a las mujeres y las niñas desplazadas y la violencia con base en el género y sexual que enfrentan. Respecto al proceso de desmovilización dijo haber avanzado en relación a los derechos de las víctimas, habló de la Ley de Justicia y Paz y de la Comisión de Reparación y Reconciliación en cuyo marco señaló un manejo preferencial con mujeres, niños y personas con discapacidad. También abundó en la situación de los pueblos indígenas resaltando el marco constitucional que los protege y los avances y retos en este sentido.

Al hablar de la Corte Constitucional de Colombia, fue señalada como una instancia activa en el desarrollo de jurisprudencia y combate a la impunidad, y en este punto, enfatizó el avance que desde este órgano se ha dado en relación a los derechos patrimoniales, acceso al sistema de salud y derechos pensionales para parejas homosexuales.

Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales habló extensamente del plan nacional de desarrollo que dice haber incorporando la perspectiva de derechos en su elaboración y buscando cumplir con los objetivos del milenio con énfasis en los sectores más pobres implementando las siete herramientas de la equidad como parte de la política social.

En relación a las mujeres, resaltó el programa nacional denominado Mujeres Constructoras de Desarrollo, el Observatorio de Género, así como la emisión de leyes para prevención de la violencia contra las mujeres y el Acuerdo Nacional por la Equidad entre Hombres y Mujeres. Afirmó que el 30% de puestos directivos a nivel ministerial son ocupados por mujeres, mientras que a nivel legislativo ese porcentaje es menor al 15%.

Respecto al homicidio de personas fuera de combate realizado por las fuerzas armadas, que luego las reportaron como bajas en batalla, manifestó tratarse de "una vergüenza", solicitando públicamente "perdón a las víctimas". Respecto a esto detalló diversas acciones encaminadas a cambiar esta situación como la creación de diversas figuras de Inspección, nuevas normativas, la expedición de la política nacional del Ministerio de Defensa y el despido y la desvinculación de militares implicados en este tipo de prácticas.

Respecto a los ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos manifestó que el gobierno tiene la política de brindar todas las garantías a todos los sectores sociales incluidos los periodistas, partidos políticos, sindicalistas y defensores de derechos humanos y esto se refleja tanto en la legitimidad que actualmente tiene la democracia colombiana a nivel latinoamericano, como en la elevación del número de votaciones en las últimas elecciones regionales.

Deploró la mala relación existente entre el gobierno y las organizaciones de derechos humanos y emitió opiniones descalificatorias acerca de los informes producidos por estas instancias calificándolos de, en ocasiones hacer generalizaciones y negar los avances logrados, así como de suspender la interlocución en todos los espacios de interlocución con cualquier pretexto.

Sustentó la voluntad política respecto a este tema, al señalar que 14 párrafos de su informe contienen 67 compromisos los cuales asumieron cumplir "solemnemente" y finalmente señaló que esperan contar con el apoyo de la comunidad internacional en el proceso.

DIALOGO INTERACTIVO

Después de esta presentación, durante 3 horas, 43 países intervinieron en el diálogo interactivo para hacer señalamientos, recomendaciones y preguntas respecto a diversos aspectos de la situación de derechos humanos vigente en el país.

Abordaron prácticamente todos los temas esperados, manifestando predominantemente su preocupación sobre las denuncias por numerosas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza pública, la práctica de desaparición forzada, la situación de extrema vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, de los periodistas y de las y los indígenas y el reclutamiento de niñas y niños en las acciones de inteligencia militar y su inserción en los grupos paramilitares haciendo fuertes recomendaciones de tomar acciones firmes para revertir estas problemáticas. También se hizo un llamado al país a ratificar la Convención contra las Desapariciones Forzadas y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

Se manifestaron preocupados por la situación de marginación que enfrentan las personas indígenas en el país, así como los grupos afro descendientes, haciendo un llamado a garantizar su seguridad, integridad y el respeto a sus tierras y sus prácticas ancestrales.

INTERVENCIONES RELATIVAS A MUJERES, GÉNERO, SEXUALIDAD Y DIVERSIDAD SEXUAL Y GENÉRICA

Respecto a cuestiones de género, mujeres y sexualidad, de 43 países que se manifestaron, casi la mitad expresó su preocupación por la situación de mujeres y niñas, en particular aquellas enfrentadas en el marco del conflicto o como resultado del desplazamiento forzado, haciendo comentarios y en su mayoría recomendaciones de carácter sustantivo, preguntas y un par de comentarios específicos.

En cuanto a las preguntas, Alemania quiso saber qué medidas concretas implementará el Estado colombiano para el combate a la violencia sexual. Japón, Azerbaiyán y Malasia preguntaron acerca de las medidas para combatir la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, y Suiza sobre las medidas para mejorar la situación de las mujeres y comunidades indígenas y afro colombianas.

Las recomendaciones fueron realizadas por Suecia que habló de la necesidad de desarrollar esfuerzos relativos a combatir la violencia sexual contra mujeres en contextos armados. Argelia instó al gobierno a fortalecer sus esfuerzos para mejorar la situación de las mujeres y los niños haciendo referencia a los párrafos 76, 77 y 71 del Informe Nacional relativos a fortalecer los esfuerzos para mejorar la situación de las mujeres y los niños, destacando las acciones sobre violencia sexual, violencia de género y equidad de género y recomendando fortalecerlas. Austria, por su parte, recomendó poner atención a la violencia sexual contra las niñas y Uruguay hizo referencia a la necesidad de apuntar a la desmovilización de niños y niñas combatientes.

Irlanda destacó las acciones sobre violencia sexual, violencia de género y equidad de género realizadas y recomendó fortalecerlas para aumentar la protección a mujeres desplazadas y víctimas de la violencia. México recomendó velar por la protección a las mujeres y niñas víctimas de desplazamiento forzado o que se encuentran en las zonas de conflicto armado y tomar acciones para protegerlas.

Canadá recomendó desarrollar esfuerzos para proteger a las mujeres, niños e indígenas que son los más afectados por el conflicto armado y el desplazamiento forzado haciendo referencia a la resolución 16/12[1]. Finalmente Rumania instó a tener en cuenta los derechos de las mujeres y a combatir todas las formas de violencia de las que son objeto. La República Checa hizo un llamado a la protección de personas con identidad sexuales y de género minoritarias instándoles a mantener el principio de igualdad con respecto orientación sexual e identidad de género recomendando la implementación de campañas para promover una cultura de no discriminación.

Dos países hicieron comentarios puntuales. Corea sobre la necesidad de reconocer los esfuerzos realizados por Colombia para promover la igualdad de género y la igualdad entre hombres y mujeres, resaltando la importancia de las recomendaciones de la CEDAW en la materia y Sudáfrica sobre la edad en que contraen matrimonio las mujeres.



RESPUESTA DEL GOBIERNO

El gobierno colombiano respondió inicialmente a través de Sandra Castro, Directora de Derechos Humanos de la Fiscalía y Responsable de la Investigación de Crímenes, y luego de Consuelo Méndez de la Comisión de Justicia y Paz, quienes reportaron los alcances logrados desde estas instancias así como desde los centros de atención a la violencia intrafamiliar. En su turno, el ministro de defensa Sergio Jaramillo y el Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se pronunciaron lamentando que los países tomaran como base para sus críticas, informaciones erróneas provistas por las organizaciones sociales. Esto fue un claro llamado al orden dirigido a la sociedad civil por haber brindado información alterna a la provista por el gobierno, que de acuerdo a lo manifestado por el funcionario, no se apega a la situación "real" de derechos humanos vigente en Colombia. El representante colombiano manifestó que van a contestar todas las preguntas y que harán una difusión pública de las respuestas. El documento resultante del examen – en el que constarán las preguntas, las respuestas del gobierno y las recomendaciones formuladas (que Colombia deberá aceptar o rechazar), será sometido a aprobación del Consejo de Derechos Humanos el lunes 15 de diciembre.



Conclusiones: Sin duda, en un informe de Derechos humanos de un país como Colombia, los temas que predominan en las intervenciones de los países, se orientan a aquellos problemas que se consideran duros: el paramilitarismo, las desapariciones forzadas, el desplazamiento, y la violencia ejercida por el aparato judicial y de justicia. No obstante y contrario a la tradicional forma de percibir estos como temas de carácter neutro, un número significativo de países hizo referencia en concreto a las situaciones que enfrentan las mujeres y las niñas en estos contextos. Así mismo, se observó un claro interés por que el gobierno brinde respuestas y plantee acciones concretas a las problemáticas aquí enunciadas. Cabe resaltar el que un país recomendó observar la importancia de velar por la igualdad y la no discriminación basadas en la orientación sexual e identidad de género haciendo recomendaciones concretas para lograrlo.
Dos aspectos notables por su ausencia, fueron por un lado el discurso utilizado tanto por el gobierno colombiano, como por los países que se expresaron en esta revisión, en torno a la situación de violencia, abuso y desacreditación enfrentada por defensores de derechos humanos. En ningún momento, ninguno de estos actores, hizo referencia a los cientos de mujeres que han sido perseguidas, amenazadas o asesinadas a causa de su trabajo como defensoras de derechos humanos o como activistas de diversos movimientos sociales en Colombia.

[1] La Resolución RES/1612 (2005) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, versa sobre la situación de los niños y niñas víctimas de los conflictos armados.
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